Publicado el 17/05/2025 por Administrador
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En silencio, sin titulares masivos ni advertencias formales, la guerrilla colombiana ha ido extendiendo sus redes a lo largo de la frontera con Ecuador. Lo que comenzó como una estrategia de refugio y repliegue, hoy se ha convertido en una operación estructurada de narcotráfico, minería ilegal y control territorial dentro del país andino.
Desde 2018, disidencias de las FARC y del ELN han aprovechado la porosidad de la frontera amazónica, cruzando hacia provincias como Sucumbíos y Orellana. Allí han encontrado un terreno fértil para sus operaciones: zonas de difícil acceso, presencia estatal reducida y comunidades vulnerables. El grupo conocido como “Comandos de la Frontera”, surgido de los restos de los frentes 32 y 48 de las FARC, es hoy el más temido en la región.
Su poder no solo se ha multiplicado por la fuerza de las armas, sino por su capacidad de negociación con bandas locales como Los Lobos. Este vínculo ha dado paso a un nuevo esquema de crimen organizado, en el que la droga y el oro fluyen por rutas controladas a sangre y fuego. La selva se ha vuelto testigo de una economía ilícita que no distingue entre ideología, intereses comerciales o vidas humanas.
El 9 de mayo de 2025, el país fue estremecido por una tragedia: once militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada en Alto Punino, durante una operación contra la minería ilegal. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, liderados por alias “Compadre”, un exguerrillero colombiano que ahora opera con impunidad al otro lado del río Putumayo.
Como respuesta, el Gobierno desplegó 1.500 militares en la Amazonía con el objetivo de ubicar y neutralizar a los insurgentes. Sin embargo, más allá del despliegue táctico, la amenaza evidencia una falta de planificación integral: las comunidades afectadas no solo reclaman seguridad, también exigen atención social, oportunidades económicas y presencia institucional real.
Mientras tanto, la minería ilegal arrasa hectáreas de bosque, contamina ríos y expulsa a pueblos originarios de sus territorios ancestrales. La violencia se mezcla con el silencio de la selva, y la ausencia del Estado alimenta la expansión de estas mafias con rostro de guerrilla.
El gobierno ecuatoriano ha reconocido oficialmente a estas disidencias como grupos armados organizados, en el marco del conflicto interno declarado desde enero de 2024. Esta designación busca fortalecer la capacidad legal del Estado para enfrentarlos como una amenaza militar, no solo delictiva.
Sin embargo, los expertos advierten que sin una estrategia regional —que incluya a Colombia y Perú—, el conflicto seguirá creciendo en las sombras. Ecuador ya no es solo una ruta para el narcotráfico; se ha convertido en campo de operaciones para un crimen organizado que mezcla ideología, ambición y violencia en proporciones cada vez más letales.
