Publicado el 03/07/2025 por Administrador
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La relación entre Estados Unidos y Colombia atraviesa su momento más tenso en años. Este jueves, ambos gobiernos decidieron llamar a consultas a sus respectivos representantes diplomáticos, una señal clara del deterioro en la comunicación bilateral. La decisión, inédita en la historia reciente de ambos países, refleja la profundidad de la crisis que amenaza con afectar áreas clave como cooperación antidrogas, comercio y seguridad regional.
Todo comenzó con el anuncio del Departamento de Estado estadounidense sobre el llamado a consultas de su encargado de negocios en Bogotá, John T. McNamara, el funcionario de más alto nivel en la Embajada ante la ausencia de un embajador formalmente designado. Según la vocera del gobierno norteamericano, la medida responde a “declaraciones infundadas” por parte del gobierno de Gustavo Petro, que fueron calificadas como “preocupantes y potencialmente dañinas”.
Minutos después, el presidente Petro respondió llamando también a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña. El mandatario justificó la decisión como una oportunidad para revisar la agenda conjunta con Estados Unidos en temas como la lucha antidrogas, la descarbonización, la migración y la política regional de paz.
En el trasfondo del conflicto subyace un tema espinoso: la revelación de audios comprometedores que involucran al excanciller Álvaro Leyva. En los registros se lo escucha presuntamente discutiendo contactos con congresistas republicanos en EE. UU. para frenar una supuesta intención golpista contra el gobierno de Petro. Legisladores mencionados, como Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, han negado categóricamente cualquier participación en esa supuesta trama.
Estados Unidos consideró estas insinuaciones como graves y sin fundamento, elevando la tensión al plano diplomático. Esta no es la primera fricción entre ambos países en lo que va del año: en enero, Petro rechazó vuelos de deportación de migrantes enviados por EE. UU., lo que ya había provocado malestar en Washington.
En Colombia, el episodio ha desencadenado una tormenta política interna. La renuncia de la canciller Laura Sarabia, también vinculada indirectamente a la gestión de esta crisis, deja a la Cancillería en una posición frágil justo cuando se requiere mayor pericia diplomática.
Pese a los llamados a consultas, ambos gobiernos han subrayado que no hay una ruptura formal de relaciones. Sin embargo, la medida tiene un alto peso simbólico: representa un congelamiento temporal del diálogo de alto nivel y la posibilidad de revisión profunda de los términos de cooperación bilateral.
Analistas coinciden en que la crisis podría tener efectos concretos en la certificación anual que EE. UU. realiza sobre los esfuerzos antidrogas de Colombia, lo que a su vez afectaría la entrega de recursos financieros y técnicos para combatir el narcotráfico. También podría entorpecer otros frentes de colaboración, como los programas de migración y comercio.
En Washington, algunos sectores políticos ven con desconfianza el giro ideológico del gobierno colombiano y su cercanía con países como Venezuela o Cuba, lo que ha alimentado recelos entre figuras conservadoras que exigen mayor dureza con Bogotá.
Mientras tanto, el presidente Petro insiste en que Colombia tiene derecho a ejercer una política exterior soberana, sin tutelajes ni subordinaciones. La narrativa de su gobierno apunta a una nueva relación con EE. UU. “de igual a igual”, aunque esta visión, por ahora, parece más fuente de roces que de consensos.
La tensión marca un punto de inflexión en el vínculo entre dos naciones históricamente aliadas. Resta por ver si las consultas derivan en una desescalada o en un distanciamiento más profundo con repercusiones regionales.
